Seguridad jurídica

La Tribuna de Toledo, 17 octubre 2014

En sus comparecencias, declaraciones y puestas en escena, la señora consejera de Fomento de esta bendita Castilla-La Mancha siempre ha defendido eso de la seguridad jurídica y transparencia en todo lo referido a la gestión del Tajo y los sucesivos trasvases al Segura. Pues bien: en su mano y en la de sus subordinados ha estado la negociación del Plan de cuenca del Tajo, así como los truculentos apéndices que a la postre mediante el famoso Memorándum plasmado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y su epígono el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, han recogido todas las estipulaciones, exigencias y propuestas de los intereses trasvasistas.

Si el Plan del Tajo ya dejaba tocado y malparado al propio río, ya que incumplía la ley española y las directivas europeas, no recogía ni escenarios óptimos de recuperación ni caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina…, los acuerdos posteriores entre bastidores –donde Castilla-La Mancha sólo ha negociado la rendición una a una de todas sus plazas y posiciones– han puesto la lápida al Tajo para al menos una década. Negociaciones donde el gobierno de Castilla-La Mancha, la señora consejera de Fomento, tuvo encima de la mesa documentos oficiales de la propia Confederación Hidrográfica del Tajo que sostenían que el decreto de gestión del trasvase Tajo-Segura “no sería coherente con la propuesta de Plan Hidrológico del Tajo” (…) “rompería la unidad de cuenca del Tajo, e incluso específicamente: 1. Imposibilitaría el cumplimiento del caudal mínimo de 10 m³/s en Talavera de la Reina. 2. Dificultaría la atención de los regadíos entre Aranjuez y Talavera de la Reina. 3. Haría inefectivo el bombeo de Las Parras aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de marzo de 2014”. Entrecomillo, no invento ni interpreto. Y ese fue el documento que se aprobó finalmente con los parabienes suyos y del Gobierno de Castilla-La Mancha. Un escenario que saben ustedes, Gobierno de Castilla-La Mancha, que es el peor para el Tajo, las provincias de Guadalajara y Toledo, y Castilla-La Mancha. Pero eso quizá les importe muy poco.

La Plataforma ha puesto a disposición de todos los medios de comunicación un informe jurídico donde expone por qué el trasvase aprobado el pasado viernes es ilegal. Eso, señor consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y también portavoz del Gobierno regional, no son “simplezas ni pamplinas”. Simplezas y pamplinas son las loas y palabras vacías, tan huecas como el cauce del Tajo o los embalses de Entrepeñas y Buendía. Siga usted defendiendo el trasvase Tajo-Segura como hizo ayer.

Efectivamente, señora consejera de Fomento, señor consejero Portavoz: el nuevo trasvase no se ajusta a la ley, ni siquiera a la patente de corso aprobada con su apoyo. Se justifica en la ley derogada, el plan de Tajo de 1998. Y eso sí, se sigue basando en las “orientaciones etéreas con valor jurídico relativo", dictadas desde los lobbys del trasvase que durante quince años han saqueado –y saquearán– a capricho el Tajo; e incumple el Real Decreto 773/2014. El caso era llevarse cuanta más agua mejor. Pregunten a la Confederación del Tajo. En sus informes oficiales –y públicos– sostiene explícitamente que la cabecera del Tajo se encuentra en Nivel 3, y que sólo se pueden trasvasar 20 hectómetros cúbicos al mes, no 38. Algo sabrán ellos… 

Querían seguridad jurídica… Ya la tienen. En Murcia, claro, para llevarse todo el Tajo y más. Aquí nos quedan las migajas. Y encima aplaudimos. Lo que se deben reír de nosotros…